Gastos Juridicos y Reformas Tributarias

Una vez pasado el debate electoral de los últimos meses, y después de presenciar múltiples propuestas de política pública en diferentes áreas, resulta oportuno abordar uno de los temas centrales de un Estado de derecho, como son los ingresos y gastos públicos. Vale la pena recordar que a pesar de las promesas de la campaña presidencial anterior, donde entendimos que no habría cambios tributarios, en los últimos cuatro años tuvimos tres reformas tributarias introducidas por la Ley 1430 del 2010, la Ley 1607 del 2012 y la sobretasa al impuesto al patrimonio incorporada en el Decreto 4825 del 2010.

Dichas reformas buscaban a grandes rasgos acabar con elusiones y exenciones existentes, hacer el sistema tributario más equitativo y obtener recursos para afrontar la crisis invernal. El país no ha alcanzado a asimilar y a implementar los ajustes introducidos por la Ley 1607 que crea el IMAN, el Cree y tasas diferenciales del impuesto al consumo, y ya se está hablando de una próxima reforma tributaria.

Efectivamente durante la campaña presidencial, los candidatos y sus equipos económicos dejaron entrever la necesidad de una nueva reforma en esta materia. Un estudio reciente de ANIF concluye que se requiere una reforma fiscal estructural que eleve la tributación efectiva en dos puntos del PIB, algo muy ambicioso teniendo en cuenta que las pasadas reformas han conseguido recursos cercanos a un punto del PIB. A pesar de la exitosa labor de la Dian en materia de recaudo, y de su valeroso director en la lucha contra el contrabando y la evasión, los ingresos de la Nación sufrirán una reducción debido a los precios del petróleo, al desmonte del gravamen a los movimientos financieros y a la terminación de la vigencia del impuesto al patrimonio.

Dentro de las múltiples propuestas para afrontar esta situación y aumentar los ingresos, varios expertos sugieren que finalmente se haga una reforma tributaria estructural. Igualmente se propone elevar la tasa del IVA, establecer impuestos a las pensiones altas, continuar con el impuesto al patrimonio, entre muchas otras.

En cualquier caso, resulta fundamental que una nueva reforma considere los efectos en la competitividad del país, en la atracción del capital e inversión, en los costos operativos de la implementación de las reformas y en lograr un adecuado equilibrio con
los asalariados.

Sin duda, lo más importante es el debate sobre los gastos. Dicho de otra forma, cómo y en qué nos gastamos como sociedad los recursos que provienen de los tributos. En los próximos años, el nivel de gasto público se va a incrementar en forma importante por los planes en materia de infraestructura, las necesidades en materia de salud, los requerimientos para un adecuado funcionamiento de la justicia, los compromisos en materia de agricultura, el pago de las pensiones y las promesas de la campaña electoral. Todo esto sin contar con el costo que tendrá un eventual acuerdo de paz.

Fedesarrollo prevé que el déficit fiscal se ubicará entre el 2,1 % y el 3 %, dependiendo de la situación internacional, especialmente en materia de precios de los combustibles y el costo del endeudamiento debido a la recuperación de las economías de los países desarrollados. No se sabe todavía cuál será el presupuesto para el 2015, pero en el año 2014 fue de 204 billones de pesos y en el 2013, de 185 billones de pesos.

Es tal la presión que hay por gastar más, que ya se está planteando una reforma para modificar la ley que establece la regla fiscal y que promueve la responsabilidad fiscal para que no nos gastemos más de lo que tenemos.

Para que el Estado realmente esté legitimado al cobrar impuestos, debe demostrar que los ingresos que obtiene se los gasta en forma apropiada, transparente, sin politiquería, burocracia, ni corrupción. Así mismo, el gasto público debe tener en cuenta la verdadera capacidad de generar ingresos del país. Los ciudadanos deben recuperar la confianza en sus instituciones y observar que su esfuerzo pagando impuestos se materializa en cosas concretas.

Esta es realmente la gran discusión que hay que dar. No hay duda de que una nueva reforma tributaria vendrá, y que a todos nos llegará esa cuenta de cobro. Pero los ciudadanos debemos ser veedores de cómo se comprometerán y se utilizarán esos recursos públicos, porque de lo contrario seguiremos cada año y medio con otra reforma tributaria cuyo objetivo es buscar ingresos adicionales para pagar nuevos compromisos de gasto público sin ningún tipo de control ni de debate.

Tomado de: www.ambitojuridico.com